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FISCAL CARLOS JOAQUIN CAPELLASangre en el gabinete de Carlos Joaquín

Por: Luis Ángel Cabañas Basulto

Exhibido, cuestionado, vilipendiado de todas las formas posibles por sus controvertidas decisiones, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, persiste contra viento y marea en todos sus caprichos, aunque en esta ocasión se le pasó la mano.

No, no nos referimos a su insistencia en obsequiarle la Rectoría de la Universidad de Quintana Roo al ex titular de la Secretaría de Gobierno, Francisco López Mena -en un intercambio de “facturas” con el PAN-, sino en mantener como secretario de Seguridad Pública y Mando Único al tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra.

Lo más grave del caso es que el mandatario impone su rebeldía ¡a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos! Sí, leyó Usted bien: Hablamos de un organismo, cuyas autoridades de su homóloga en Quintana Roo deberían estar muy preocupadas en emitir Recomendación alguna al mandatario, dado que ya vemos que le importan “una pura y dos con sal”.

Probablemente pretextará que NO están dirigidas a su gobierno, aunque SÍ contra un funcionario de su gabinete -uno de los más estratégicos-, ya que, en efecto, tal y como se sabe, el 14 de julio último la CNDH emitió la Recomendación 21VG/2019 por “violaciones graves a derechos humanos” por parte de agentes de la Policía Estatal de Morelos, durante un operativo de la madrugada del 30 de noviembre de 2017 en Temixco.

Según la indagatoria, los policías, al mando de Capella, entonces titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, violaron los derechos humanos de una familia, incluida la ejecución de seis personas -cuatro mujeres, una bebé y un joven-, al irrumpir en el predio 238 de la calle Francisco I. Madero, en la Col. Rubén Jaramillo, de Temixco, por supuesta denuncia de una casa donde “se presumía” habría personas secuestradas.

Ante esos hechos, durante el mandato del perredista Graco Ramírez, la Comisión emitió la Recomendación, dirigida al hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así como al fiscal general de Justicia, Uriel Carmona Gándara, éste último en el cargo desde ese entonces.

Pareciera que Temixco es el municipio “preferido” de Capella, pues, como publicamos el 6 de noviembre de 2018 https://luisangelqroo.blogspot.com/2018/11/policias-en-busca-de-un-culpable-lic.html el 2 de enero de 2016, apenas unas horas después de tomar posesión como alcaldesa de Temixco, Morelos -a unos 10 kilómetros de Cuernavaca-, Gisela Mota Ocampo fue asesinada por cuatro hombres en su domicilio.

En respuesta, Graco Ramírez anunció que asumiría la seguridad en 15 municipios que no habían querido ratificar el Mando Único -¿recuerda Ud. el reciente caso de Solidaridad?-, entre ellos el de la alcaldesa asesinada, lo que inició una disputa con el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien denunció “golpe de Estado” -como la edil Laura Beristaín Navarrete-, luego de que la policía estatal tomó el control en ese municipio.

Curioso, ¿No? Coincidente, ¿Verdad? Pero lo cierto es que en ambos casos aparece Temixco y en ambos está ligado Capella, quien, recordamos, el 14 de septiembre 2018, a través de redes sociales, anunció su renuncia a la Comisión Estatal de Seguridad pública (CES) de Morelos “en común acuerdo con Graco Ramírez”.

La transición del Mando Único se realizó en el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Temixco, donde 15 días después, al concluir el periodo de Graco Ramírez e inició el de Cuauhtémoc Blanco, el lugar lo ocuparía José Antonio Ortiz.

“Curiosamente” con el caso de Quintana Roo, Capella se involucró más en la “lucha” contra el narcotráfico que en las tareas de prevención, ya que, presumía, durante su paso por Morelos detuvo a varios cabecillas del cartel “Los Rojos”, pero no a su líder, Santiago Mazari (a) “El Carrete”, considerado uno de los más sanguinarios del Sur de ese Estado.

El caso es que, de la noche a la mañana, Capella amaneció en Quintana Roo como nuevo titular el 26 de septiembre de 2018 -según Carlos Joaquín, “después de cuidadoso análisis de asesores”-, aunque 6 meses después el gobierno de Morelos presentó el 14 de marzo de 2019 una denuncia ante la Auditoría Superior de Fiscalización por irregularidades en el manejo, administración, aplicación y desvío de los recursos federales de los Programas de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) durante casi cinco años.

La denuncia también involucró a Fernando Aldape Salas, ex director de la Academia de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos, así como a Juan Carlos Peniche Payen, ex coordinador de Desarrollo y Vinculación, una acusación que Capella calificó de perversa “por su clara intención de denostar mi imagen; falsa, porque no tengo la más mínima duda de que actuamos siempre con responsabilidad y legalidad”; y como cobarde.

El escándalo por la matanza de Temixco prácticamente recién estalló en Quintana Roo, aunque el 10 diciembre de 2017 -10 días después de los hechos- apareció en Morelos una manta del Cártel Jalisco Nueva Generación, que acusó a Capella de ser responsable de la masacre, además de ofrecer 100 mil pesos “por cada cabeza de policía o Mando Único”.

La manta, que apareció en uno de los puentes de la Autopista del Sol, acusa a Capella por la masacre de cuatro mujeres, un joven y una bebé, y señala con letras rojas: “Hijo de su puta madre te pasaste de verga matando gente inocente ordenaste a la bola de pendejos que hicieron tu trabajo sucio pero ni eso pueden hacer bien ya están todos tus putitos policías ubicados que se pasaron de verga con la gente de Temixco (sic)”.

Entre los jefes policíacos incluye a “Jose Abdiel Martínez Leana, Pedro Gómez Valeriano, Fernando Medina Bahena, Arturo López Borja y tus comandantes, Lauro Dave Aquiles, Veledias Alfa 8 y el puto Pegaso (sic).”, a quienes aseguran: “Llegamos para quedarnos”.

Ya desde ese entonces el diputado federal Matías Nazario Morales y el senador Fidel Demédicis Hidalgo exigieron formalmente -por separado- la intervención de la PGR y la atracción del caso. No pasó nada.

Durante el operativo, efectuado por la madrugada, se detuvo a siete personas, entre ellas una mujer y un menor, sobre lo cual Capella informó que alrededor de las 3 horas detuvieron al hijo de un hombre identificado como El Crispín, presunto líder de una célula de Nueva Generación en Temixco, así como a Gilberto “N”, Carlos Alberto “N”, José Antonio “N”, José “N” y Brenda Elena “N”.

Dijo que tras la detención se ubicó una supuesta casa de seguridad con personas privadas de la libertad en la calle Venustiano Carranza, donde los recibieron a balazos, y en el fuego “cruzado” murieron las 6 personas, presuntos familiares de los detenidos que estaban en el inmueble.

Según él, “El Crispín” fue detenido en un automóvil con una pistola 9 milímetros y envoltorios al parecer con marihuana, tras lo cual se ubicó el predio donde estaban las personas supuestamente privadas de su libertad, y unos sujetos los recibieron a balazos, por lo que “seis agentes se vieron obligados a repeler la agresión, detonando sus armas”.

Aseguro que en la balacera murieron los familiares de los detenidos y resultaron lesionados dos menores más, y que los presuntos delincuentes estaban armados con suficientes cartuchos útiles, lo que prolongó el ataque unas dos horas, pero los policías “no repelieron la agresión, sino simplemente aseguraron el lugar y solicitaron más apoyo”.

Puntualizó que después de lanzar gas pimienta los agresores se entregaron y que los agentes que participaron fueron puestos a disposición de la Fiscalía General.

Sin embargo, tras varias horas de audiencia, el Juez de Control dictó auto de libertad inmediata a los cuatro detenidos, entre éstos José Antonio Valdés Chapa, señalado por Capella como miembro de una célula de Beltrán Leyva.

Luis Daniel Preciado García, familiar de las víctimas, dijo que no hubo prueba de que su familia hubiera disparado, tampoco del tiroteo, ya que éste fue por parte de los policías a su familia, por lo que el Juez desestimó las “pruebas” del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada y el asesor jurídico de los policías, y determinó la libertad inmediata a los detenidos.

Según su razonamiento, era ilógico que Valdés Chapa, señalado por la Fiscalía como quien atentó contra los policías, no hubiera matado por lo menos a uno de ellos, y que las pruebas de balística de la Fiscalía a las cinco armas que presentó el Mando Único no coincidiera con los casquillos encontrados, y que los policías, a los que se les practicó prueba de rodizonato de sodio, resultaron negativos.

Además, las pruebas de balística de la mayoría de los casquillos 9 milímetros y 38 súper encontrados no correspondían a las dos pistolas halladas en el lugar. Las pruebas de parafina de las víctimas también resultaron negativas.

Durante la audiencia, con base en las pruebas de balística de la Fiscalía, por lo menos cuatro pistolas fueron detonadas en el lugar sin que se sepa quiénes las accionaron y dónde estaban, además de que, conforme a fotografías forenses, ¡todas las víctimas presentaban tiro de gracia!

Los agentes presentaron sus cinco armas largas, pero ninguna de ellas disparó los casquillos encontrados. Había dos armas, de 9 mm y 38 súper. La primera sino disparar ningún casquillo encontrado, aunque en el baño, donde estaban ejecutados las mujeres y niños, había casquillos 9 mm de cuatro armas que no se aseguraron.

Por lo anterior, Derechos Humanos acreditó: Los policías allanaron las casas donde estaban las víctimas; se detuvo arbitrariamente a siete personas, incluido un adolescente; hubo uso excesivo de la fuerza en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos menores; trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones de cuatro personas, dos de ellas infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público, y colocación deliberada de armas e indicios en el cadáver de una víctima.

Así, la CNDH atribuye al Gobierno de Morelos la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos; a la Fiscalía de Justicia, dilación de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas; y a la Dirección General de Asuntos Internos de Seguridad Pública, irregularidades en la resolución de la carpeta administrativa contra los agentes involucrados.

Dado que estos hechos los consideró de lesa humanidad, la CNDH atrajo el homicidio de las seis personas y el bebé, aunado a que la respuesta de la autoridad local fue ínfima en proporción al nivel de transparencia y celeridad que se requería para resolverlo.

Concluyó que personal de la primera Visitaduría acudió a la Comisión de los Derechos Humanos en Morelos para solicitar la entrega de la queja CDHM/SE/V3/061/295/2017 que dicho órgano inició el 30 de noviembre.

En tanto, irónicamente Carlos Joaquín aparece en la Revista Líderes Mexicanos 2019, considerando “sus cualidades” al frente del Estado más turístico de México, pese a mantener a un funcionario con las manos bañadas de sangre de inocentes, aunque, irónicamente también, Capella recibió la “Estrella de Honor” por su “trabajo en seguridad”, por parte de la Asociación de Consejeros, Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad Acreditados de México (¿?)
¡No cabe duda de que algo anda mal en México! ¿Será el meteorito que se teme que se estrelle contra la tierra?... o el fallido arribo de extraterrestres.

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Comentarios   

#1 REPROBADOJUAN LUIS 30-07-2019 15:10
CARLOS JOAQUIN ESTA REPROBADO, LE HA FALLADO A QUINTANA ROO
#2 PAR DE TORTOLOSPADRE ERALES 31-07-2019 14:31
JAJAJAJAJAJA COMO ME CAGIUE DE RISA AL LEER QUE CARLOS JOAQUUIN Y CAPELLA JUEGAN A LOS ESPADAZOS JAJAJAJAJA
PARA MI AL QUE LE DAN ES AL GOBER
TIENE UNA CARA DE JOTOOOOO?

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