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Mesa directivaLa Columna Dominical 

Por: Roberto Cano

Se necesitan más de 37 millones de votos para que la consulta nacional del próximo 1 de agosto sea legal, ese número se ve muy lejano sobre todo porque decenas de ciudadanos tendrán que recorrer muchos kilómetros para participar en este ejercicio democrático impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ejemplo de esto lo van a padecer los habitantes de la comunidad Miguel Alemán, del municipio de Bacalar, pues la casilla en donde podrán sufragar, el Instituto Nacional Electoral (INE) la instaló en la comunidad de Zamora a 60 kilómetros de distancia, se nota que la intención real del ejecutivo federal es no enjuiciar a los ex presidentes, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de querer hacerlo ya lo hubiera hecho sin tanto circo de por medio, se estima que en Quintana Roo participará el 15 por ciento del listado nominal que es de un millón 200 mil empadronados… A propósito del INE, este organismo multó con 40.9 millones de pesos al partido verde ecologista de México (PVEM) por la publicación propagandística de más de 100 influencers, que lo apoyaron durante la pasada veda electoral, incluso utilizaron un guión para promocionar las propuestas electorales del partido en mención, además de la sanción económica, el Consejo General del INE le canceló al Verde, el uso de prerrogativas en radio y televisión por un año, por lo cual a partir de agosto se interrumpirá la propaganda política o electoral en los medios audiovisuales, este año el partido verde recibirá 540 millones de pesos de recursos públicos, a esa cantidad le descontarán la multa de 40.9 millones de pesos, lo cual es como arrancarle un pelo a un gato, o lo que es lo mismo, una burla hacia la sociedad mexicana que con sus impuestos sobreviven todos los partidos políticos de México y los parásitos que los dirigen terminan millonarios… El minúsculo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, empezó a blindar a los más corruptos e inútiles de su administración, la primera ha sido la colombiana Marisol Vanegas Pérez, quien dejó la secretaria estatal de turismo con un daño patrimonial por 2 millones 158 mil 816 pesos, este es un ejemplo de la corrupción y el tráfico de influencia que ha marcado a la administración de Carlos Joaquín, La Auditoría Superior del Estado emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionadora en contra de Marisol Vanegas Pérez, pero todo quedó en un carpetazo por órdenes del ejecutivo, en lugar de aplicar la ley y sancionar a esta colombiana, el gobernador la premió con la rectoría de la Universidad del Caribe, el paso de la colombiana por la Secretaría estatal el Caribe fue gris ya que no hizo nada para beneficio del Estado, las campañas publicitarias que emprendió fueron solamente para el norte de Quintana Roo, cabe remarcar que esa región se promociona sola, no necesita campañas especiales ni millonarias, eso a Marisol Vanegas Pérez no le interesó nunca porque no le alcanzó el cerebro para ver más allá de sus narices; en contraparte, los turisteros del sur del estado fueron olvidados los últimos cinco años, sobre todo por la indiferencia de esta hija putativa de Carlos Joaquín, Marisol Vanegas nunca visitó los atractivos turísticos de Bacalar y Othón P. Blanco, y eso que hay muchos, lo que le hace falta es precisamente una campaña permanente de promoción, el sur del Estado está olvidado y así estará en el año que le falta a esta fallida administración, a los prestadores de servicios turísticos de esta región solamente les queda prender una veladora para que las cosas cambien en el próximo gobierno, para lo cual varios suspirantes se han destapado para suceder en el cargo al enano Carlos Joaquín González, quien ya pactó con el presidente Obrador para entregarle a Morena la gubernatura a cambio de blindaje… Si los inútiles diputados de la 16ª legislatura local han realizado cambios a la ley para su propia conveniencia, cómo el de reelegirse tres veces más y permanecer en el cargo 12 años, también deberían impulsar una ley para que todo aquel legislador que, utilizando recursos públicos, se auto-promocione al entregar alguna ayuda, la semana pasada Gustavo Miranda y Erika Alonso regalaron sillas de ruedas a unas personas, se tomaron la foto y la publicaron en sus redes sociales con el fin de quedar como los buenos samaritanos que no son, este tipo de acciones debe sancionarse con todo el peso de la ley; por cierto, los diputados tienen en el cajón del olvido la iniciativa presentada por ciudadanos relacionada con modificar la ley y poner el requisito de 10 años de residencia para ocupar cargos públicos en el gobierno, esto al parecer no le interesa a los 25 legisladores de Quintana Roo, su desempeño ha sido claro: modificar las leyes para su propio beneficio, no para ayudar a las mayorías.

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